Archive for enero, 2010
enero 30, 2010 at 20:25 · Clasificados en Noticias
Ve “razonable” elevar la edad de jubilación por “responsabilidad” con las generaciones futuras y promete consensuarlo en el Pacto de Toledo
José Luis Rodríguez Zapatero pidió este sábado, ante los miembros del Comité Federal reunido en Madrid, “tenacidad, confianza y sensibilidad social” porque “el rumbo que hemos puesto para responder a esta dura crisis económica y a estas dificultades sociales, es el adecuado”.
El Secretario General del PSOE y Presidente del Gobierno afirmó que “vamos a recuperar el crecimiento de la economía, tardaremos algo más en recuperar el crecimiento del empleo que es el gran objetivo, la gran preocupación, pero lo haremos en nuevas condiciones para que el ciclo de crecimiento económico sea con una economía más productiva y siempre manteniendo la protección y la cohesión social”.
Sobre el Plan de Austeridad y consolidación fiscal para el periodo 2010-2013 que ayer aprobó el Consejo de Ministros Zapatero fue claro al afirmar que el duro ajuste presupuestario no afectará a Dependencia, becas, I+D+i y cooperación internacional
PENSIONES
Zapatero defendió la reforma de las pensiones propuesta por su Gobierno asegurando que es “razonable” elevar la edad de la jubilación pensando en las generaciones futuras. “Nos sentimos responsables de velar por el sistema público de pensiones, nos sentimos responsables con el futuro de España, con las pensiones del 2020, del 2025 y del 2030”, afirmó Zapatero, quien manifestó además su compromiso de llevar a cabo esta reforma mediante “un acuerdo en el marco del Pacto de Toledo”.
Explicó que este es un debate abierto en todos los países europeos y que, en el caso de España, el objetivo es, por un lado, “poder afrontar en los próximos años el pago de la entrada masiva de personas en la jubilación sin problemas para la salud del sistema de pensiones”, y también que puedan “seguir incrementándose las pensiones mínimas”, como se ha hecho durante estos años porque siguen siendo bajas, y es para los socialistas “un compromiso fundamental”.
Asimismo, señaló que “hoy tenemos un sistema de protección social de pensiones con una gran salud” y que al Gobierno le resultaría más cómodo no hacer nada y que el Ejecutivo de 2020 ó 2025 afrontara los problemas. “Pero esa no es nuestra forma de ser y lo hemos demostrado. Nosotros somos el proyecto político que tiene más aprecio al sistema público de pensiones, quien lo ha puesto en pie, quien lo ha defendido y quien lo ha preservado en momentos en los que ha recibido duros ataques” que ponían en duda su viabilidad.
REFORMA LABORAL
Respecto a la propuesta de reforma laboral que el próximo viernes el Gobierno hará pública y presentará para el diálogo social, el Presidente destacó que busca, ante todo, estimular el empleo para los jóvenes y para aquellos trabajadores con menos cualificación, que son los que están sufriendo más duramente el azote del paro. Se trataría de afrontar la dualidad entre contratos indefinidos y contratos temporales, el exceso de precariedad y la adaptación al mercado laboral del nuevo modelo productivo.
En este punto se manifestó nuevamente en contra de la tesis de que la prueba de la bondad de una reforma laboral es la que se salda con una merma de los derechos de los trabajadores. “Nosotros –dijo- rechazamos este axioma. Esa sería la única reforma que no sería buena y esa es la reforma que no será”.
PACTO EDUCATIVO
En materia educativa, el líder socialista hizo un llamamiento al PP y al resto de fuerzas políticas “para que se sumen con voluntad sincera y decidida” a un “esfuerzo nacional por la Educación”, a un Pacto por la Educación en el que “todos seamos capaces de ceder algo, en aras del interés general”.
En este sentido, se mostró confiado en que, al menos en este tema, “la oposición pueda estar a la altura de las circunstancias”, ya que no estamos hablando de la política de educación “para este año, para esta legislatura, para este gobierno, o para este proyecto político”, sino que “estamos hablando de la educación para muchos años en nuestro país”.
RECHAZA LAS TENTACIONES POPULISTAS DEL PP EN INMIGRACIÓN
Zapatero aprovechó su intervención para subrayar que los socialistas defienden que “la educación y la sanidad tienen que ser derechos para todos los que estén en nuestro país”, algo que define “nuestra manera de ser como sociedad”.
Por eso, aseguró que su Gobierno será muy firme en contra de “cualquier intento populista inaceptable que pueda poner a los inmigrantes en nuestro país en una situación que no vamos a consentir”. Unas “tentaciones populistas”- explicó- que suelen emerger en épocas de crisis y en líderes y proyectos políticos “que no tienen consistencia, ni idea clara de un país, ni compromiso con los asuntos generales”.
Así, denunció que el PP está demostrando en esta crisis “una incoherencia diaria en los temas que salen a debate, una tentación al populismo y, ante todo, una falta de compromiso con España ante las dificultades”. “Eso es lo que están demostrando quienes dirigen el PP”, sentenció.
PRESIDENCIA DE LA UE
Rodríguez Zapatero se refirió, ante el Comité Federal, a la presidencia española de la UE y reiteró que el primer objetivo de este semestre es “contribuir a la recuperación económica “ y “fortalecer la Unión Económica, la cooperación económica desde las propias instituciones comunitarias”.
Por ello, subrayó que el afán principal es que la Estrategia Económica 2020, que se va a aprobar bajo presidencia española, “tenga los suficientes medios para que se pueda hablar cada vez más de una política común económica, de un gobierno económico de la UE”, al la vez que Europa sigue siendo un espacio “con un Estado de Bienestar, con cohesión social y con protección social”.
Asimismo, recordó que otro de los objetivos de la presidencia española de la UE es “una fuerte presencia de las políticas para fortalecer la ciudadanía europea y, dentro de ellas, la política a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y, en particular, la lucha contra la Violencia de Género”. Unas políticas que, según Zapatero, son “parte esencial” del proyecto socialista y por las que se nos reconoce en el ámbito europeo.
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
Sobre la lucha contra ETA, el Presidente del Gobierno hizo un reconocimiento a la labor del conjunto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y felicitó especialmente a la Ertzaintza y al Gobierno vasco por los éxitos obtenidos esta semana. “En la lucha contra el terrorismo tampoco habrá ningún recorte en el esfuerzo que tenemos que hacer por delante”, dijo, “es una gran prioridad nacional y sabéis que el Gobierno tiene todo el empeño y una gran colaboración con el Gobierno vasco para que los violentos cada vez cuenten menos y la democracia cada vez cuente más y haga más libre a Euskadi y a todos sus ciudadanos”.
enero 29, 2010 at 12:19 · Clasificados en Noticias, SMV
El PP votó en contra de las mociones presentadas en el Pleno por el grupo socialista, estas mociones, publicadas íntegramente en esta página Web, tenían que ver, una con el proyecto Escuela 2.0 de integración de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en los centros educativos, para acelerar la incorporación del uso de tecnologías digitales a la práctica docente y la otra sobre el cierre de los Centros de Acceso Público a Internet (CAPI) por la Comunidad de Madrid.
Como sabe todo el mundo el Gobierno de España ha puesto en marcha una iniciativa, junto con las comunidades autónomas, para que los escolares dispongan de un ordenador e incorporar su uso a la práctica docente. Todas las comunidades excepto Valencia, Murcia y Madrid han firmado este convenio.
La Concejala de Educación, Mª Teresa Aparicio se encargó de argumentar la negativa del PP a secundar esta moción.
Las razones que esgrimió para esta negativa, como no, fueron las mismas que en su momento dieron la Consejera Figar, la Presidenta Aguirre y los mandatarios de Murcia y Valencia. Se trata de hacer oposición al gobierno socialista aunque ello vaya en detrimento de los intereses de sus propios ciudadanos. Que si los ordenadores son pequeños, que si puede producir miopía en los alumnos, etc. A estas solemnes tonterías ha salido al paso la Asociación Profesional de Oftalmólogos poniendo en claro que nada de esto tiene ninguna base, que la miopía en un noventa por ciento tiene un componente genético y el resto son imputables a otras causas que nada tienen que ver con esta asunto.
La Concejala añadió a estos disparates otros de su propia cosecha, como que no se había respetado la libertad de cátedra de los profesores, que no se había formado a éstos y acusó al Gobierno de poner en marcha iniciativas para las que no está legitimado al ser las comunidades autónomas las que tienen las competencias educativas. Una intervención penosa y que fue rebatida firmemente por nuestro Concejal Rafael Martínez, dejando en evidencia la poca solvencia de la Concejala de educación, su pobreza de argumentos y la “disciplina militar” que ejerce el PP sobre sus cargos públicos, nadie se sale una línea del discurso oficial.
Además se atrevió a afirmar, nuestra insigne Concejala, que existen estudios que avalan las afirmaciones sobre el daño ocular que producen estos ordenadores. Eso si, no supo explicar ni quien había echo los estudios, ni donde, ni cuando. A eso se le llama hablar sin saber o simplemente mentir.
Nuestro Concejal le preguntó, sin recibir respuesta, que si los Aragoneses, Gallegos, Castellanos (de las dos Castillas), Catalanes, Vascos, etc. No conocían ningún estudio de estos o simplemente les importaba un bledo la salud ocular de sus alumnos. En fin Sra. Concejala, un despropósito.
En cuanto a la moción que tenía que ver con el cierre de los CAPI, en palabras de la Concejala Carmen Alía, se trata de un “cierre temporal” ya que la Comunidad de Madrid está estudiando nuevas iniciativas ¿?.” Este programa ha funcionado bien pero, como todo, tiene un final”. Además el Ayuntamiento está pensando también en un programa similar de titularidad municipal ¿Cuál? ¿Cuándo? No sabemos.
Una vez más, defensa a ultranza de los argumentos e iniciativas del PP de Madrid, ¿Qué perjudica a San Martín? Es igual. Prietas las filas.
enero 29, 2010 at 9:57 · Clasificados en Noticias, SMV
En el Pleno celebrado el miércoles 27, el grupo socialista presento una propuesta al equipo de gobierno para que los usuarios que no puedan acudir a la piscina en un plazo de dos meses, por causa justificada, puedan dejar de pagar la mensualidad, les sea reservada la plaza y no tengan que abonar de nuevo la matrícula al reincorporarse.
Nos parece una medida que racionaliza la situación, pues no parece justo que en cantidad de supuestos (vacaciones, enfermedad, incapacidad transitoria, etc.) el usuario tenga que seguir pagando la mensualidad y en caso de no hacerlo así, pierdan la matrícula, que, dicho sea de paso, es la más alta que se aplica en comparación con los pueblos de nuestro entorno que tienen este tipo de instalación. Sabemos que la programación en este tipo de instalaciones es fundamental y que una utilización intermitente de los servicios va en detrimento del buen funcionamiento de éstos pero estimamos que esta medida redundará en beneficio de los usuarios, cuando se vean en esas circunstancias, sin perjudicar el funcionamiento general de la instalación.
También instamos al gobierno a que se apliquen los descuentos a los parados, al igual que en cualquier otra actividad y que está prevista en las ordenanzas fiscales municipales. El gobierno del PP no contestó a nada de esto. Se lo estarán pensando.
enero 28, 2010 at 14:09 · Clasificados en Noticias
La Comunidad opta por dar ‘cheques residencia’ en vez de construir más plazas públicas
Ahí tiene el dinero, vaya donde quiera. Con ese objetivo, el Gobierno regional va a poner en marcha esta primavera un cheque social para que las personas dependientes “puedan ir a la residencia que deseen y que esté autorizada por la Comunidad de Madrid”, detalla el director general de Dependencia, Miguel Ángel García. Pero esa libertad estará limitada por el bolsillo: el cheque, de 831 euros al mes como máximo, no cubre el coste total de la plaza. Y todo indica que será sobre todo privada (su precio ronda los 2.700 euros al mes, según la Asociación Madrileña de Residencias de la Tercera Edad). El beneficiario deberá aportar el resto: la Ley de Dependencia, en cuyo cumplimiento se establece esta medida, fija el copago del usuario. El sistema de otorgar una prestación vinculada a un servicio evita a la Administración regional construir plazas públicas. Además, prefiere concertarlas con el sector privado, admite García.
La puesta en marcha del cheque residencial (una tarjeta en la que se cargará la cuantía concedida al beneficiario en función de su nivel de dependencia y de su renta), anunciada por la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, en Abc el pasado lunes, será el primer paso. Habrá otros.
“En otoño se implantará también ese sistema para las personas que quieran ir a centros de día o recibir atención domiciliaria”, anuncia el director general. Con estas medidas se busca desatascar la puesta en marcha de la Ley de Dependencia -Madrid es una de las regiones más retrasadas-. Y se hace recurriendo al mercado.
La medida va en línea con la doctrina liberal del Gobierno de Esperanza Aguirre y con su Ley de Servicios Sociales, que prevé este tipo de prestaciones económicas directas. Sin embargo, la Ley de Dependencia, aprobada por las Cortes en 2006, contempla ese tipo de ayudas “únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado” (artículo 17). Al apostar por ella, el Ejecutivo madrileño aparca la posibilidad de potenciar los servicios públicos de cuidado a dependientes.”No hay compromiso de crear plazas públicas ni de sufragar el coste total”, critica Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social (agrupa a los colegios de diplomados sociales). “El sistema del cheque abre la brecha de la dualidad social. Quien tenga dinero puede utilizar la ayuda para elegir una residencia mejor, y quien no lo tenga seguirá sin poder pagarla”, añade. “Eso beneficiará a las empresas, que incluso podrán elegir a sus clientes, y no a los ciudadanos medios. Sería más justo concertar plazas”, plantea Gustavo García, de la Asociación de Directores y Gerentes de Centros Sociales.
En cambio, para el director general de Dependencia, las ventajas son evidentes: “Este sistema da mayor libertad y capacidad de elección al usuario, que incluso puede cambiar de centro si lo desea. Además, se permite elegir si se quiere la prestación o si, por ejemplo, se prefiere una plaza en residencia concertada
[cofinanciadas entre la Administración y los usuarios]
“. Este responsable ve más beneficios en el cheque: “Dará estabilidad al sector de las residencias privadas y permitirá el sostenimiento de las que están abiertas”. Asegura que la cuantía de la ayuda oscilará entre los 400 y los 831 euros mensuales. Añade que se vigilará para evitar que la medida provoque una eventual subida de precios.
El anuncio ha caído como agua de mayo en el sector de la atención residencial privada. La Asociación Madrileña de Residencias de Tercera Edad y Centros de Día (AMRTE) venía demandando este “flexicheque” (así lo llaman) desde que se aprobó la Ley de Dependencia. Lo asegura, por correo electrónico, su presidente, José Luis Palacios: “Nos parece una buena iniciativa, porque da capacidad de elección al dependiente, que es quien va a recibir el servicio”.
El representante de las residencias ve más ventajas en el cheque social: “Fomentará una competencia sana entre los operadores del sector” y servirá para “agilizar el acceso de los dependientes a la atención residencial”. También podría empujar a nuevos clientes. El 20% de las plazas privadas están vacías. Entre las concertadas, el 15%, según AMRTE. Estos huecos se deben a la crisis, a las expectativas ante las ayudas previstas y al incremento de residencias en los últimos años, dice Palacios. La Administración regional sostiene 21.711 plazas en residencias de mayores públicas y concertadas.
Por la vía del cheque, la Comunidad busca dejar de ser el farolillo rojo a escala nacional en la aplicación de la Ley de Dependencia. Ahora, sólo 178 de las 26.287 personas que reciben alguna prestación cobran una ayuda económica vinculada al servicio (para lo que está previsto el cheque). Además, otras 28.228 tienen reconocida ayuda, pero aún no la reciben .
enero 26, 2010 at 13:53 · Clasificados en Noticias, Tu voz Parlamentaria en Madrid
"Nos reimos de todos...........y nos votan"
Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, y su consejero de Sanidad, Juan José Güemes, siguen ganando posiciones en su partida contra la Sanidad Pública: la Comunidad privatizará hasta las citas médicas.
Según la resolución publicada en el BOCM del pasado 14 de enero, el sistema actual de petición de citas, atendido principalmente por el personal administrativo de los centros de salud, dará paso a otro llamado Centro de Atención Personalizada (CAP), esto es, una especie de call center que aglutinará las más de 50 millones de llamadas que se producen anualmente en la red. Aguirre convocará un concurso para externalizar este servicio, que podría estar listo antes de verano, y la oferta parece atractiva: la Comunidad pagará 40 millones de euros por atender la citación telefónica durante cuatro años. El beneficiario deberá contratar y formar su propia plantilla, que deberá ser de unos 300 operadores, recoge El País.“¿Por qué Sanidad no utiliza los recursos humanos que ya tiene y contrata una empresa para hacer lo mismo?”, se preguntan, por su parte, los sindicatos.
Actualmente hay varios métodos para pedir cita médica: la presencial, directamente en los mostradores de los centros, es la mayoritaria (50%); le siguen la petición telefónica (45%) y la online (5%).
Duplicidad de funciones
En concreto, este 45% de citas telefónicas son gestionadas directamente por administrativos de los centros de salud (25%), y por un sistema automático de reconocimiento de voz llamado IVR -interactive voice response- (20%). Así las cosas, el objetivo de la Consejería de Sanidad parece ser reducir al máximo las citaciones dadas por administrativos –en el nuevo sistema, estos sólo las gestionarán si los operadores están desbordados, al revés de lo que ocurre actualmente-, aunque para los sindicatos “la Comunidad, y más en un momento de crisis como el actual, tendría que optimizar mejor sus recursos y no gastarse 40 millones en poner en marcha un servicio para hacer lo que ya se está haciendo”.
¿Tijeretazo al personal administrativo?
El sindicato CSIT teme que, posiblemente, tras esta nueva privatización se esconda una maniobra para recortar los administrativos de los centros, especialmente los que tengan contrato eventual, aunque no hay cifras de los posibles afectados. El director de Recursos Humanos de la Consejería, Armando Resino, ha asegurado que “no habrá incidencia directa por pérdida de empleo”, eso sí, sin dar detalles y con un colofón un tanto sospechoso. “Sólo se negociarán las condiciones dependiendo de la relación jurídica que mantenga cada trabajador”, espetó.
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