Elegimos a nuestros gobernantes con el encargo de que gestionen bien los recursos que se ponen a su disposición mediante nuestros impuestos. Queremos que esos gobernantes nos hagan un poco más fácil la vida, gestionando los servicios públicos con el interés general como objetivo prioritario.

En el caso de la sanidad, las madrileñas y madrileños -como el conjunto de españoles y españolas- quieren que se les resuelva sus problemas de salud con equidad, accesibilidad y calidad. Tres principios que se consagran en la Ley General de Sanidad de 1.986, aprobada por un gobierno socialista.

El gobierno regional de Esperanza Aguirre, desde su llegada en 2003, no ha parado de atentar contra los tres principios anteriormente enunciados, bien mediante la ignominia contra el Hospital Severo Ochoa de Leganés, bien por la farragosa e inacabada puesta en marcha de los nuevos hospitales o con la paralización de la construcción de nuevos centros de salud, tan necesarios en algunos municipios de nuestra región, y ahora con la peligrosa aprobación de la Ley 3/2009, de supuesta libertad de elección en la sanidad de la Comunidad de Madrid. Y es que la libre elección de médico ya está regulada en Madrid y en España por la propia Ley General de Sanidad y la LOSCAM (Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid).

Esta Ley de “libertad de elección”, más que cualquier otra cosa, lo que pretende es la implantación del AREA ÚNICA en nuestra comunidad autónoma y la desaparición de las once áreas territoriales que a día de hoy organizan el sistema sanitario madrileño. Esta nueva organización de la sanidad madrileña, además de amenazar la viabilidad y sostenibilidad de nuestro sistema público sanitario, atenta contra los principios básicos de nuestro Sistema Nacional de Salud por varias razones:

• En primer lugar, la dimensión de un área de salud, según la Ley General de Sanidad, no debe superar los 250.000 habitantes por razones de accesibilidad. Toda la población adscrita a ese área de salud debe poder acceder a los recursos sanitarios en un tiempo razonable y con unos medios de transporte que no supongan un impedimento para llegar a su centro de salud u hospital, sea cual sea la condición física, psicológica o económica de cada ciudadano. Un área de salud de más de 6.000.000 de habitantes multiplica por 24 este límite máximo, por lo que las consecuencias a medio plazo para la mayor parte de la población pueden ser catastróficas. Todo ello sin despreciar uno de los oscuros objetivos de esta nueva medida del gobierno regional: evitar la obligatoriedad que por ley existe de construir nuevos centros de salud en Madrid por cada 25.000 habitantes.

• En segundo lugar, y en palabras del propio Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, esta ley lo que busca es que “el dinero vaya donde va el ciudadano”,  es decir, está rompiendo en pedazos otro de los grandes hitos redistributivos de nuestra Ley Gral. de Sanidad, como es la equidad. Nuestra máxima ley sanitaria defiende la equidad en el sistema, precisamente, para que los recursos disponibles se repartan de manera justa y equilibrada entre todos los territorios y toda la ciudadanía de tal manera que, se viva donde se viva, sepamos que nuestro hospital o centro de salud más próximo tiene todos los recursos necesarios para prestar una atención sanitaria de calidad.

• Precisamente, la calidad del conjunto del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid es otro de los aspectos que pone en peligro la ley que establece el área única en nuestro territorio. Una calidad que ya viene sufriendo importantes deterioros desde que el gobierno de Esperanza Aguirre ve nuestra salud como “una oportunidad de negocio” para unos cuantos y no como un derecho de todos y todas. Calidad que sufrirá en breve mayor deterioro en muchos de nuestros centros de salud y hospitales si, como dice el Consejero, los recursos se reparten de forma mercantilista y no equitativa.

Los y las profesionales del sistema de salud de la Comunidad de Madrid –que actualmente sustentan la sanidad madrileña con su gran profesionalidad- tendrán que, obligados por el gobierno de Esperanza Aguirre, pensar más en la competitividad con otros profesionales que en como resolver los problema de salud de su pacientes, con el agravante de que su puesto de trabajo en el área de salud, a partir de la entrada en vigor de la Ley 3/2009, será un puesto de trabajo en un área que abarca todo el territorio de la Comunidad de Madrid,  ¿puede considerarse esto último inseguridad laboral?

El gobierno de la Comunidad de Madrid pretende, premeditadamente, asfixiar al sistema sanitario público. Y desde este punto de vista hay que calificarlo de irresponsable e indigno. Profesionales, ciudadanía y gobiernos han luchado en estos últimos treinta años por disponer de un sistema sanitario que hoy es referente en Europa y en el mundo; y es por ello que los poderes públicos deben garantizar el futuro de nuestro sistema sanitario. El ejecutivo de Esperanza Aguirre en Madrid, lejos de esta buena práctica, recortará drásticamente para el próximo ejercicio presupuestario los recursos de los que debe disponer la sanidad madrileña para proporcionar la mejor calidad asistencial a los madrileños y madrileñas. No vendría mal que Esperanza Aguirre se convirtiera en usuaria de la sanidad pública. Nunca es tarde.

Eusebio González Jabonero.  Secretario de Sanidad. Partido Socialista de Madrid